PREGUNTAS FRECUENTES

Una Constitución Política o Carta Fundamental tiene varios significados.

Desde un punto de vista político, es el pacto fundamental que contiene los acuerdos básicos para determinar y limitar los poderes públicos y reconocer y proteger las libertades y derechos de las personas.

Desde el punto de vista jurídico, es la norma superior de un país, por lo que todas las leyes, decretos y demás disposiciones deben dictarse conforme a ella. Por esta razón, los órganos del Estado, así como toda persona, institución o grupo deben someter su acción a la Constitución, lo que es propio de una república democrática, donde gobernantes y gobernados se someten al imperio del Derecho, como manera de asegurar las libertades y derechos fundamentales de las personas.

Por lo mismo, las Constituciones son acordadas y modificadas por un alto consenso y requieren quórums superiores -o normas más exigentes- que los de las leyes. Ello constituye una garantía para las personas de que, en una democracia constitucional, no se violarán sus derechos reconocidos en la Carta Fundamental, ni los poderes del Estado excederán sus potestades.

Dado que la Constitución es la ley superior -que fija los acuerdos y límites esenciales del Estado- un Tribunal debe hacerse cargo de que esta Ley Fundamental sea respetada por las demás normas jurídicas que dicta ese Estado, en lo que se conoce como principio de supremacía constitucional. En la mayoría de los países del mundo (Ver Pregunta N°6 “¿Existen Tribunales Constitucionales en otros países?”) existe un Tribunal especializado encargado de hacer cumplir este principio, denominado Tribunal Constitucional.

El deber principal del Tribunal Constitucional es garantizar que se respete la Constitución Política, ejerciendo el control de constitucionalidad (Ver Pregunta N° 4, “¿Qué es el control de constitucionalidad?”). En Chile -desde su incorporación a la Constitución en 1970- el Tribunal garantiza el respeto y la eficacia de la democracia constitucional. Esto se aplica particularmente para la observancia de los derechos fundamentales y la precisión de los límites de los poderes del Estado establecidos en la Constitución.

El control de constitucionalidad es la manera en que se materializa el respeto de la supremacía constitucional. Es la acción en virtud de la cual un órgano del Estado y, en especial, el Tribunal Constitucional, verifica que tanto las leyes -dictadas por el Congreso-, los tratados internacionales aprobados por el Parlamento, los Decretos del Presidente de la República o los Auto Acordados dictados por los Tribunales Superiores de Justicia, estén conformes con la Constitución. De esa forma, las personas se aseguran que los órganos del Estado respeten los consensos sociales básicos, actuando dentro de los límites a que están sujetos por la Constitución, lo cual tiene como objetivo proteger las libertades y derechos fundamentales de las personas.

Mediante el control de constitucionalidad se pone en ejercicio el más importante de los instrumentos de garantía democrática, dando primacía a la norma que recoge los mayores consensos en las cuestiones fundamentales (Constitución) por sobre la norma que expresa la mayoría de turno (ley) o la decisión del Gobierno (decreto), la Judicatura u otros órganos estatales. Por eso es que el control de constitucionalidad es hoy en día un instrumento presente en -prácticamente- todas las democracias del mundo.

Desde un punto de vista histórico, el control de constitucionalidad es consustancial al nacimiento de las democracias modernas. En Estados Unidos, su origen se encuentra en 1803, en el caso denominado Marbury v. Madison por medio del cual la Corte Suprema de Estados Unidos, a pocos años de dictada la primera Constitución, declaró inaplicable por inconstitucional una ley dictada por el Congreso de ese país por vulnerar la Carta Fundamental de 1787.

En los países que cuentan con una Corte especializada para ejercer esta función, Austria fue la primera nación en incorporar en su Constitución un Tribunal encargado del control de constitucionalidad en 1920, práctica que se expandiría en la Europa de post guerra y luego por el resto del mundo. (Ver pregunta N° 6“¿Existen Tribunales Constitucionales en otros países?”).

Existen muchas formas de ejercer el control de constitucionalidad. Dentro de las más conocidas está la que distingue entre control preventivo y control represivo de constitucionalidad. El primero es el que se realiza antes de la promulgación de ley, es decir, antes de que el proyecto de ley se convierta en norma legal; y el segundo es aquel que se efectúa una vez que la ley ha sido promulgada y publicada.

También puede distinguirse entre el control de constitucionalidad obligatorio y el facultativo. Es obligatorio cuando el ordenamiento jurídico dispone que determinadas normas deben ser controladas forzosamente por el Tribunal Constitucional. Es facultativo aquel que se realiza a petición de quienes tengan legitimidad activa para pedir su control ante el Tribunal: ya sea los parlamentarios, el Presidente de la República, jueces o partes de un juicio.

Existe, asimismo, el control cuyos efectos son inter partes, es decir, que sólo afectan a las partes de una gestión judicial (como en el caso del recurso de inaplicabilidad) o bien erga omnes, es decir que afectan a todos.

Sí. La inmensa mayoría de las Constituciones del mundo (156) depositan en un órgano jurisdiccional la facultad de ejercer el control de constitucionalidad respecto de otras normas jurídicas y de velar por la supremacía constitucional.

En varios países la facultad la ejerce la Corte Suprema, o una sala especializada de ésta, pero en la mayor parte de estas naciones (100) dicha potestad se entrega a un órgano especializado llamado Tribunal Constitucional, Corte Constitucional, Consejo Constitucional o denominaciones similares. Dentro de los países que cuentan con Tribunales especializados en materia constitucional, en la mayoría de ellos (52%) existe control preventivo de constitucionalidad. (Ver pregunta N° 5 “¿Qué formas de Control de Constitucionalidad existen?).

Si bien el control judicial de la constitucionalidad de las leyes fue incorporado en el texto original de la Constitución de 1925 entregándole a la Corte Suprema declarar la inaplicabilidad de una ley por infringir la Constitución en un caso que conozca un tribunal de justicia, no sería sino hasta el 23 de enero de 1970, fecha de publicación en el Diario Oficial de la Reforma Constitucional que se establece en Chile un Tribunal Constitucional, el cual comenzó a funcionar en septiembre de 1971.

El Tribunal Constitucional está integrado por diez Ministros Titulares y dos Suplentes de Ministro.

Los Ministros deben ser abogados que tengan por lo menos 15 años de ejercicio profesional y haberse destacado en la actividad profesional, universitaria o pública; tienen las mismas inhabilidades que los jueces y no pueden ejercer la profesión de abogado.

Para los Ministros Titulares, la designación se realiza mediante el sistema distributivo -que es el utilizado mayoritariamente en el mundo para este tipo de Tribunales- en virtud del cual, diferentes órganos del Estado eligen sólo a una parte de los miembros del Tribunal. Así, el Presidente de la República designa a tres Ministros; el Congreso Nacional elige a cuatro, dos de los cuales son de designación directa del Senado y los otros dos propuestos por la Cámara de Diputados y confirmados por el Senado, y la Corte Suprema elige a tres Ministros a través de un sistema de concurso público de antecedentes.

Los Suplentes de Ministro son elegidos mediante concurso público de antecedentes, seleccionando el Tribunal una nómina de siete nombres que es propuesta al Presidente de la República para que éste a su vez, proponga dos candidatos al Senado, el cual debe aprobar por los 2/3 de sus miembros en ejercicio.

El Tribunal funciona en pleno, con un mínimo de ocho Ministros para sesionar, o dividido en dos salas, integradas por cinco Ministros cada una, las que pueden sesionar con un mínimo de cuatro Ministros.

Los Ministros del Tribunal Constitucional duran 9 años en sus cargos, cesan a los 75 años de edad y no pueden ser reelegidos. Sin embargo, terminan en sus cargos por renuncia aceptada por el Tribunal; por tener algún impedimento que, de conformidad con las normas constitucionales o legales pertinentes, los inhabilite para desempeñar el cargo y; por tener incompatibilidad sobreviniente con la calidad de Ministro del Tribunal Constitucional.

Este número ha variado considerablemente en el tiempo. A partir del año 2005 -momento en el cual el Tribunal Constitucional comienza a conocer recursos de inaplicabilidad- los ingresos anuales rara vez superaban los 200.

Hoy la situación es muy distinta, habiendo superado las 2.000 causas ingresadas el año 2019.

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De estos casos, la inmensa mayoría corresponden a requerimientos de inaplicabilidad, es decir de acciones interpuestas por jueces o las partes de un juicio pendiente ante un tribunal ordinario o especial, para que el Tribunal Constitucional resuelva si la aplicación de una ley vigente que decidiría ese caso particular, es constitucional o no.

Asimismo, en el año 2019 el 0,7% de los asuntos que revisó el Tribunal Constitucional correspondieron al ejercicio del control preventivo de constitucionalidad de leyes (tanto obligatorio como vía requerimiento) tal como lo muestra el presente cuadro:

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Para el año 2019, las sentencias del Tribunal Constitucional se refirieron a las siguientes materias:

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En términos porcentuales, las normas tratadas objeto de requerimiento de inaplicabilidad se distribuyeron de la siguiente manera:

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