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Santiago, dieciséis de septiembre de dos mil ocho.


VISTOS Y CONSIDERANDO:

1º. Que, con fecha veintiuno de agosto de dos mil ocho, el abogado Matías Ignacio Bruna Carrasco, ejerciendo la acción pública prevista en el inciso decimoquinto del artículo 93 de la Constitución Política, en relación con la atribución de esta Magistratura contemplada en el Nº 13 del inciso primero del mismo precepto constitucional, ha requerido a este Tribunal para que declare la inhabilidad para permanecer en el cargo de Ministro de Estado, del señor Carlos Maldonado Curti, titular de la cartera de Justicia, por causa de haber desobedecido las órdenes de la señora Presidente de la República que indica;

2º. Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, Nº 13, de la Constitución Política, es atribución de este Tribunal “resolver sobre las inhabilidades constitucionales o legales que afecten a una persona para ser designada Ministro de Estado, permanecer en dicho cargo o desempeñar simultáneamente otras funciones”.

A su vez, los incisos decimoquinto, vigésimo y vigésimo primero del mismo precepto constitucional señalan, en lo pertinente: “Habrá acción pública para requerir al Tribunal respecto de las atribuciones que se le confieren por los números (…) 13º de este artículo”; “El Tribunal Constitucional podrá apreciar en conciencia los hechos cuando conozca de las atribuciones indicadas en los números (…) 13º…”; “En los casos de los numerales (…) 13º (…) corresponderá a una sala del Tribunal pronunciarse sin ulterior recurso, de su admisibilidad”;

3º. Que el Presidente del Tribunal ordenó que se diera cuenta del requerimiento deducido en la Primera Sala de esta Magistratura para que se pronunciara sobre su admisibilidad;

4º. Que, conforme al mérito de los antecedentes tenidos a la vista, el requerimiento deberá ser declarado inadmisible, por cuanto la impugnación contenida en él resulta ajena a la materia de que tratan los preceptos constitucionales transcritos en el considerando 2º precedente y, por consiguiente, resulta carente de fundamento.

En efecto, el peticionario cuestiona la actitud pasiva que, aparentemente, habría adoptado la autoridad cuestionada al no dar respuesta a una persona que sería su cliente en varios procesos judiciales, respecto de una serie de presentaciones que aquél formulara a la señora Presidente de la República, misma autoridad que le indicó que todas ellas serían respondidas por el Ministro de Justicia en el ejercicio de sus facultades;

5º. Que, por lo señalado, queda en evidencia que la impugnación que se plantea por el abogado Matías Bruna Carrasco, no guarda relación alguna con hechos que de manera objetiva puedan configurar una causal de inhabilidad sobreviniente para ejercer el cargo de Ministro de Estado. En efecto, dichas causales son de derecho estricto y se vinculan normalmente con la pérdida de los requisitos que la Constitución Política -en su artículo 34- y la legislación vigente, particularmente la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y el Estatuto Administrativo, establecen para ser designado en tal clase de cargo; en este sentido es dable advertir que el concepto jurídico de inhabilidad es sustancialmente diferente de la acepción vulgar de dicho término, que lo entiende como sinónimo de ineptitud o inidoneidad, todo lo cual se aleja del significado técnico y jurídico que el constituyente ha dado a dicho término;

6º. Que siendo el de Ministro de Estado un cargo de la exclusiva confianza del Presidente de la República, sólo corresponde a éste adoptar las medidas que le parezcan adecuadas para sancionar o corregir eventuales inobservancias de sus órdenes e instrucciones, por lo que no compete a esta Magistratura, ni a ninguna otra, interferir en el ejercicio de tales atribuciones;

7º. Que lo razonado en los considerandos precedentes lleva a este Tribunal a la convicción de que el requerimiento deducido debe ser declarado inadmisible.

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 34 y 93, inciso primero, Nº 13, e incisos decimoquinto, vigésimo y vigésimo primero, de la Constitución y en las disposiciones pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,

SE DECLARA INADMISIBLE el requerimiento interpuesto a fojas uno.

Notifíquese por carta certificada al requirente.

Archívese.

Rol 1206-08.











Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidente, señor José Luis Cea Egaña, y por los Ministros señor Mario Fernández Baeza, señora Marisol Peña Torres y señor Francisco Fernández Fredes. Autoriza el Secretario del Tribunal, don Rafael Larraín Cruz.